El Tema son los Aranceles

De las reformas anunciadas por el ministro Bulnes el pasado 17 de agosto la más bullada sin dudas fue la rebaja de un 5,6% a un 2% del interés en el crédito con aval del Estado (CAE), este cambio ha sido calificado por el propio titular de la cartera como “un salto histórico”, a su vez que Rodrigo Hinzpeter lo ha considerado como “revolucionario”. Lo que estos personeros de gobierno parecieran no entender es que las demandas estudiantiles van orientadas hacia la rebaja –o derechamente gratuidad- de los aranceles, y no a cómo se puedan financiar éstos. Esta diferencia fundamental es la que hoy marca nuevos desencuentros en un conflicto que La Moneda parece no comprender.

Rebajar un 3,6% el interés del CAE no significa que las instituciones financieras por una visión filantrópica vayan a disminuir la tasa, sino que el Estado con sus fondos soportará esta diferencia para permitir a los estudiantes obtener un crédito con un interés menor al que hoy tienen, lo que en definitiva permite que el negocio para los bancos quede aún más asegurado, porque el pago del crédito no sólo es avalado en última instancia por el Estado, sino que ahora además una parte de los intereses serán inmediatamente desembolsados por el fisco ¿Por qué no inyectar este mismo dinero en un aporte basal para las Universidades y con ello disminuir notablemente el costo de los aranceles? ¿Habrá alguna presión del lobby bancario para mantener su parte del negocio?

Debemos recordar que el arancel promedio cifraba en 2,3 millones para el año 2009 según un estudio realizado por el departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, esto significa entre otras cosas –siguiendo las cifras del estudio- que en el país desde 1997 han subido un 60% por sobre el IPC, año en que se encontraba en aproximadamente 900.000 pesos, mientras que si el aumento de los aranceles hubiese ido a la par con la inflación hoy estarían en 1.400.000 pesos, la diferencia como se puede apreciar es notable ¿Qué provoca este aumento desmedido? Básicamente dos factores: el autofinanciamiento y la relativa inelasticidad de la demanda; lo primero ya que las Universidades por necesidad de aumentar su investigación, dotarse de mejores planteles, e invertir en recursos humanos a través del financiamiento de doctorados y magísters han tenido que incrementar el precio de su oferta de pregrado, y lo segundo, porque el deseo de los jóvenes y sus familias de entrar a la educación superior es algo fuertemente enreaízado en la cultura chilena -e incluso es mal visto quien no accede a ella- lo que asegura a las casas de estudios una demanda constante por educación, permitiéndoles un margen más o menos amplio para aumentar sus aranceles.

Utilizando este arancel promedio como referencia, al primer y segundo quintil le sería imposible acceder a la educación superior, lo cual sólo puede solventarse con becas, e incluso aún teniéndolas significaría que el 60 a 70% del ingreso familiar se iría pagando el arancel, ni pensar por tanto en que el segundo hijo entre a la Universidad. Bajo este contexto lo lógico sería que el esfuerzo estatal apuntase a terminar con el autofinanciamiento de las Universidades a través del aumento sustancial de los aportes basales, lo que disminuiría notablemente los aranceles. El camino optado por el gobierno sin embargo sigue siendo el de los créditos, que hacen algo más llevadero el pago arancelario, pero a la larga el alto costo se debe pagar igual, el cual bordearía aproximadamente entre los 12 a 15 millones de pesos si se tiene en cuenta que la duración de una carrera profesional está en los 5 años, y si a esto agregamos que buena parte de las carreras se encuentran saturadas por una sobre población de profesionales –en lo cual el Estado igualmente no ha hecho nada- la situación se vuelve caótica para un joven que egresa con una deuda estratosférica y con un cartón que no le sirve para encontrar pega. Por estos motivos es que en materia de financiamiento el movimiento estudiantil ha encaminado sus esfuerzos a exigir la gratuidad arancelaria, o en el peor de los casos un sistema de aranceles diferenciados que en todo caso disminuya de manera notable el costo de la educación superior, demanda que el gobierno no ha terminado de entender o simplemente no quiere escuchar, pues compromete el negocio de un pujante sector de nuestro país.

“Representantes” del pueblo

La elección de Ena Von Baer y Alejandro García Huidobro por parte de la UDI como senadores desginados, es una clara muestra de la mala estructura democrática de nuestro Estado, cuyo órgano de mayor representación –el Congreso Nacional- termina siendo ocupado por personeros que la ciudadanía en ningún momento eligió, y a los cuales incluso rechazó en los comicios anteriores, tal es el caso de la saliente vocera de gobierno. Es por esto, que la necesidad de reformas políticas es imperiosa para gozar de una verdadera democracia, y terminar con estos mecanismos truchos para poner en el poder a quien jamás fue elegido.

Von Baer demostró que no basta con tener un doctorado en ciencias políticas para tener dominio en la arena del poder, ya que su manejo comunicacional como vocera de gobierno, e interlocutora entre éste y los partidos tanto oficialistas como de oposición, fue mediocre en todo aspecto. Las descoordinaciones entre La Moneda y la Coalición por el Cambio se vieron en no pocos episodios, y la falta de diálogo con la Concertación, a la cual denostó sin miramientos, sólo hizo más difícil la primera mitad del período, valiéndole además una fuerte reprobación ciudadana. Con este nefasto currículum, agregando su derrota en las elecciones parlamentarias, la conclusión lógica sería que respaldo ciudadano para un eventual cargo de elección popular no tendrá. Sin embargo, nuestra Constitución cuenta con pequeñas llaves para que políticos ineptos pero de buenos contactos puedan igualmente acceder al poder, entre estos, la designación parlamentaria ante la vacancia del escaño por parte del partido.

A pesar de ser utilizada primeramente por la Concertación, tiempo en el cual se removió a Tohá y se hizo entrar a Felipe Harboe, su uso indiscriminado se materializó en este gobierno, en el que han sido llamados Matthei, Allamand, Chadwick y Longueira, reemplazándolos por otros a quienes ningún ciudadano escogió, sino que llegaron al Congreso por designación del partido al que pertenecen, tal como reza la Constitución. De esto se puede concluir que no se comete nada ilegal al realizar los respectivos cambios, reviviendo la figura de los “Senadores Designados”, quienes se encuentran plenamente amparados por nuestra Carta Magna. Este abuso de parte del gobierno hace que su reforma sea urgente, no obstante, qué mecanismo se puede utilizar ante la vacancia, es el debate que hoy se nos abre.

Por una parte, y recogiendo la propuesta del Presidente, está la posibilidad de que el candidato vaya junto a un “suplente” que en el eventual caso tome el escaño que el primero ha abandonado; esta propuesta si bien permite que en último término se escoja al reemplazante, refuerza la tendencia de que del parlamento se puedan sacar personeros y llevarlos a las filas del ejecutivo, lo que en el fondo no es sólo poco decoroso, sino que además es un insulto a la voluntad ciudadana, pues ésta vota para que tal o cual candidato lo represente el Congreso y no otro, de modo que la idea de Sebastián Piñera, aunque mejora la situación actual, es insuficiente si se quiere vivir en plena democracia. En segundo lugar se ha señalado que en el eventual caso de vacancia, se llame a nuevos comicios para elegir al respectivo parlamentario, este mecanismo es quizás el más deseable, ya que por una parte, asegura que la ciudadanía en todo momento escoja a su representante, aún cuando el que se eligió originalmente haya abandonado su cargo, y por otra desincentiva el traslado de parlamentarios al gobierno, pues este último corre el riesgo de perder escaños en el Congreso, al ser ocupado por alguno del partido opositor. Y en tercer lugar se ha planteado derechamente la imposibilidad de que un parlamentario pueda llegar a ser ministro u ostentar otro cargo en el ejecutivo, esta medida aunque radical, tiene los méritos suficientes para al menos ser tenida en cuenta.

Frente a estas opciones el Congreso tendrá que decidir, pero el dato cierto es que la situación actual debe cambiar, y mientras la reforma constitucional no vea la luz, los partidos que deban escoger reemplazante tengan al menos el decoro y el respeto cívico de elegir al compañero de lista, haciendo una especie de equilibrio entre lo que se presentó en las elecciones, y la voluntad ciudadana que escogió al parlamentario del tal sector y no de otro. Muchas otras cuestiones quedan por resolver para profundizar nuestra democracia, que en su avance hemos visto que no era tan perfecta como la pensábamos, ahora, queda la duda si la clase política tendrá la voluntad suficiente para llevarlos a efectos, o seguirá su largo letargo, dormida en los laureles y en las cuotas de poder que nuestra propia Constitución les asegura.