El Tema son los Aranceles

De las reformas anunciadas por el ministro Bulnes el pasado 17 de agosto la más bullada sin dudas fue la rebaja de un 5,6% a un 2% del interés en el crédito con aval del Estado (CAE), este cambio ha sido calificado por el propio titular de la cartera como “un salto histórico”, a su vez que Rodrigo Hinzpeter lo ha considerado como “revolucionario”. Lo que estos personeros de gobierno parecieran no entender es que las demandas estudiantiles van orientadas hacia la rebaja –o derechamente gratuidad- de los aranceles, y no a cómo se puedan financiar éstos. Esta diferencia fundamental es la que hoy marca nuevos desencuentros en un conflicto que La Moneda parece no comprender.

Rebajar un 3,6% el interés del CAE no significa que las instituciones financieras por una visión filantrópica vayan a disminuir la tasa, sino que el Estado con sus fondos soportará esta diferencia para permitir a los estudiantes obtener un crédito con un interés menor al que hoy tienen, lo que en definitiva permite que el negocio para los bancos quede aún más asegurado, porque el pago del crédito no sólo es avalado en última instancia por el Estado, sino que ahora además una parte de los intereses serán inmediatamente desembolsados por el fisco ¿Por qué no inyectar este mismo dinero en un aporte basal para las Universidades y con ello disminuir notablemente el costo de los aranceles? ¿Habrá alguna presión del lobby bancario para mantener su parte del negocio?

Debemos recordar que el arancel promedio cifraba en 2,3 millones para el año 2009 según un estudio realizado por el departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, esto significa entre otras cosas –siguiendo las cifras del estudio- que en el país desde 1997 han subido un 60% por sobre el IPC, año en que se encontraba en aproximadamente 900.000 pesos, mientras que si el aumento de los aranceles hubiese ido a la par con la inflación hoy estarían en 1.400.000 pesos, la diferencia como se puede apreciar es notable ¿Qué provoca este aumento desmedido? Básicamente dos factores: el autofinanciamiento y la relativa inelasticidad de la demanda; lo primero ya que las Universidades por necesidad de aumentar su investigación, dotarse de mejores planteles, e invertir en recursos humanos a través del financiamiento de doctorados y magísters han tenido que incrementar el precio de su oferta de pregrado, y lo segundo, porque el deseo de los jóvenes y sus familias de entrar a la educación superior es algo fuertemente enreaízado en la cultura chilena -e incluso es mal visto quien no accede a ella- lo que asegura a las casas de estudios una demanda constante por educación, permitiéndoles un margen más o menos amplio para aumentar sus aranceles.

Utilizando este arancel promedio como referencia, al primer y segundo quintil le sería imposible acceder a la educación superior, lo cual sólo puede solventarse con becas, e incluso aún teniéndolas significaría que el 60 a 70% del ingreso familiar se iría pagando el arancel, ni pensar por tanto en que el segundo hijo entre a la Universidad. Bajo este contexto lo lógico sería que el esfuerzo estatal apuntase a terminar con el autofinanciamiento de las Universidades a través del aumento sustancial de los aportes basales, lo que disminuiría notablemente los aranceles. El camino optado por el gobierno sin embargo sigue siendo el de los créditos, que hacen algo más llevadero el pago arancelario, pero a la larga el alto costo se debe pagar igual, el cual bordearía aproximadamente entre los 12 a 15 millones de pesos si se tiene en cuenta que la duración de una carrera profesional está en los 5 años, y si a esto agregamos que buena parte de las carreras se encuentran saturadas por una sobre población de profesionales –en lo cual el Estado igualmente no ha hecho nada- la situación se vuelve caótica para un joven que egresa con una deuda estratosférica y con un cartón que no le sirve para encontrar pega. Por estos motivos es que en materia de financiamiento el movimiento estudiantil ha encaminado sus esfuerzos a exigir la gratuidad arancelaria, o en el peor de los casos un sistema de aranceles diferenciados que en todo caso disminuya de manera notable el costo de la educación superior, demanda que el gobierno no ha terminado de entender o simplemente no quiere escuchar, pues compromete el negocio de un pujante sector de nuestro país.