El proyecto de ley que busca poner fin al lucro en la educación escolar subvencionada se encuentra hoy paralizado en el parlamento a la espera de lo que suceda en las negociaciones entre el gobierno y los actores sociales de la educación, no obstante ya ha recibido un gran espaldarazo por parte de la Concertación y un sector de la Alianza, lo que hace prever su próxima aprobación, sin embargo los riesgos y “daños colaterales” que esto podría provocar a las familias no han sido tenidos en cuenta, y se ha pasado de largo una serie de detalles que más que solucionar el problema podrían agravarlo.
Existen buenos motivos para terminar con el lucro en la educación escolar subvencionada, quizás los dos más relevantes sean, primero, que el aporte fiscal –plata de todos los chilenos- se haga a un sostenedor que finalmente se llenará los bolsillos con parte de ese dinero, y segundo, que ese mismo dueño busca ante todo obtener las máximas utilidades en vez de estar interesado en prestar una educación realmente de calidad, lo cual no es ningún crimen si se tiene en consideración que el empresario está ahí para ganar dinero, pero le hace un flaco favor al país, que se caracteriza por tener resultados bastantes deficientes en esta materia. En este sentido, lo más lógico sería concluir que el lucro debe terminar. Pero por otro lado está el riesgo que se corre al terminar con el lucro, esto es, que buena parte de los colegios subvencionados cierren –disminuyendo la cobertura y por tanto acrecentando la aglomeración en las salas de clases-, o que pasen derechamente a ser privados sin aporte estatal, aumentando considerablemente el costo de las matrículas y mensualidades, porque ojo, hay un tema que no se tiene en cuenta, pero la subvención escolar entregada a estos establecimientos redunda en una disminución para las familias del costo que debieran pagar si por ejemplo, se van a un colegio privado . Con este escenario, lo que parte como una buena y justa iniciativa, termina produciendo un daño colateral relevante a las familias, las cuales tendrán dos opciones: matricular a sus hijos en otros colegios con cada vez más alumnos por sala, o desembolsar una mayor cantidad de dinero para costear la educación de sus pupilos. El tema como se ve entonces… no es tan simple.
El aporte a la cobertura escolar que han hecho los colegios subvencionados con fines de lucro es considerable, representando hoy un 31% de los establecimientos en todo el país, en los cuales estudian 1.056.090 alumnos. Aún más, la cantidad de estudiantes matriculados en este tipo de colegios aumentó de 490.000 a 1.056.090 desde 1990 hasta la fecha –o sea un crecimiento total de 113%-, en comparación con los colegios subvencionados sin fines de lucro que aumentaron de 343.755 a 550.635, y los colegios particulares de 198.602 a 252.451 alumnos, todas estas cifras entregadas por Gregory Elacqua del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales. Como se puede apreciar, si estos colegios llegasen a cerrar el caos que se provocaría en cuanto a cobertura sería tremendamente grave, y si en el mejor de los casos estos pasasen a ser colegios particulares sin subvención, el costo de para las familias ascendería considerablemente, haciendo que unas hagan el doble de esfuerzo para pagar la educación de sus hijos, y otras –las menos afortunadas- mudarse a los colegios sin fines de lucro, que sólo alcanzan un 15% del total escuelas que existe en el país, o irse derechamente a la educación municipal, que se caracterizan por tener un nivel de alumnos por sala inaceptable para estándares internacionales, de modo que ni imaginar a qué niveles llegaría si este millón de alumnos arriba a estos colegios.
Teniendo a la vista estas cifras, pareciera ser que el camino no es terminar con el lucro en la educación, en vez de ello se pueden aplicar una serie de exigencias para los dueños de estos colegios a cambio de entregarles la respectiva subvención, como fijar una cuota mínima de admisión para alumnos en situación de vulnerabilidad –que hoy se encuentra establecido por ley que debe ser de un 15% pero como nadie se ha encargado de fiscalizar es letra muerta-, estándares objetivos de infraestructura, para terminar con los bochornosos casos de establecimientos con baños destruidos y de precaria higiene, aulas que se llueven o materiales tecnológicos obsoletos; fijar un nivel mínimo de remuneraciones para los profesores, ya que en la práctica muchos sostenedores inescrupulosos buscan la forma de pagar menos a los docentes, con el fin de aumentar el dinero que se va hacia sus bolsillos, y alcanzar cierto puntaje en las pruebas nacionales que acredite que la educación que está entregando es de calidad. Es decir, se le permite al particular hacer un negocio, pero para poder hacerlo deberá cumplir con una serie de exigencias que aseguren la diversidad e integración social asegurando, un buen ambiente escolar, profesores con buenos sueldos, y una educación de calidad.
Un sistema como el propuesto requiere de una fuerte fiscalización, y en ese sentido la superintendencia de educación desarrollaría un papel protagónico, pues permitiría focalizar las subvenciones y dirigirlas a los colegios que cumplan con una serie de estándares mínimos –independiente de que tengan o no fin de lucro- . Después de todo lo central en educación no es si quienes la prestan ganan o no ganan dinero con ello, sino que se entregue de forma digna, de calidad, y que de una buena vez sea un verdadero instrumento de movilidad social.
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